Es necesario facilitar el acceso a la vivienda a las ciudadanas y ciudadanos más desfavorecidos

En el Pleno de mayo celebrado ayer, EH Bildu presentó una moción en la que planteaba varias iniciativas y compromisos al Ayuntamiento para aumentar el número de viviendas municipales destinadas a los planes de alquiler social, como medida para facilitar el acceso a la vivienda a aquellas personas con especiales dificultades para ello.

Por descontado que la vivienda es un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, y que desde las administraciones públicas, y desde los Ayuntamientos como entes más cercanos al ciudadano, deben procurarse las medidas y actuaciones posibles para paliar las situaciones personales y familiares que impidan o dificulten gravemente el acceso a ese derecho, a una vivienda en definitiva.

Por eso desde EAJ-PNV manifestamos nuestro apoyo a varias de esas iniciativas, en concreto:

1. Compartimos la conveniencia de incorporar paulatinamente las viviendas de propiedad municipal a planes de alquiler social, aunque, evidentemente, no pueden quedar desatendidas las situaciones de emergencia. Para ello, sería muy conveniente que el Ayuntamiento adecuara aquellas viviendas desocupadas en mal estado para incorporarlas a estos fines.
2. También compartimos la idoneidad de estudiar y aplicar medidas de incentivo/penalización de la carga impositiva de las viviendas vacías y de las que se cedan para alquiler social, para precisamente fomentar ese mercado de alquiler. De hecho, planteamos una enmienda en este sentido a la Ordenanza de IBI, que fue aprobada e incluida en el art. 4.6, bonificación del 50% a los inmuebles que fueran cedidos a programas municipales de alquiler social.
3. Estamos de acuerdo en instar a los bancos para que aporten las viviendas obtenidas por ejecuciones hipotecarias a los planes municipales de alquiler social.
4. Y, respecto a las viviendas cedidas en precario y otros casos, ya manifestamos en la comisión de acción social la necesidad de fijar unos criterios o elaborar una normativa para fomentar mayor rotación en dichas viviendas.

Sin embargo, dudamos de la legalidad y efectividad de otras de las iniciativas que también recogía la moción, relativas a la gestión del aprovechamiento urbanístico y a impedir a los organismos y sociedades públicas que realizaran cualquier tipo de desahucio. Consideramos que el patrimonio público está sometido a leyes específicas que restringen tanto su venta como el destino que se dé a lo que se obtenga, por lo que la gestión de dicho patrimonio debe respetar la normativa legal y buscar el interés de los ciudadanos y ciudadanas. Y, si bien es obligado tratar con especial cuidado las situaciones de familias e inquilinos que estén pasando por graves dificultades económicas, activando todos los mecanismos administrativos para ayudarles, nos parece excesivo impedir que la administración no pueda reaccionar ante situaciones que puedan suponer un abuso de derecho y que, en definitiva, perjudican al resto de ciudadanos y ciudadanas.

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