El Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales, una amenaza para el Colegio de Abogados de Bizkaia
En la moción presentada y aprobada ayer por EAJ-PNV recogemos el papel que desde hace más de 175 años lleva desarrollando el Colegio de Abogados de Bizkaia en defensa del estado social y democrático de derecho, y prestando servicios fundamentales para los ciudadanos y ciudadanas más desfavorecidos o golpeados por la crisis, tales como la tramitación del reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita, el turno de oficio, asistencia letrada al detenido y a víctimas de violencia de género, o el recién creado servicio de intermediación hipotecaria para personas en riesgo de desahucio por ejecuciones hipotecarias. Todos estos servicios con cercanía y proximidad a la ciudadanía, y bajo la supervisión y control de los órganos del Colegio.
El Anteproyecto de Ley de Servicios Profesionales contempla la elevación a nivel autonómico de los Colegios Profesionales, y, por tanto, la desaparición de los de ámbito inferior, salvo que concurran circunstancias especiales excepcionales. La aprobación de dicha disposición conllevaría un serio riesgo de desaparición del Colegio de Abogados de Bizkaia.
En el Pleno todos los grupos políticos se mostraron a favor del mantenimiento del Colegio, compartiendo los argumentos de la moción (EA, EH-BILDU y PSE), salvo el PP, que no apoyó la moción (se abstuvo) alegando que no era un asunto de competencia del pleno del Ayuntamiento de Barakaldo, que no existía texto oficial y sólo un “supuesto” anteproyecto, y que la moción simplemente buscaba presentar al PP como el enemigo público número 1 del Colegio de Abogados de Bizkaia. Replicamos que se trataba de un asunto trascendente para los vecinos y vecinas de Barakaldo que precisan de los servicios de justicia gratuita, asesoramiento hipotecario o violencia de género, que nadie desde el ministerio ni desde el gobierno del estado había negado o rechazado su existencia, al contrario, se habían reunido con el Presidente del Consejo General de la Abogacía Española, y que no existía motivo económico, social ni competencial para la reforma pretendida, contando con el rechazo mayoritario de profesionales y ciudadanía.
La moción resultó aprobada por 20 votos a favor (EA, BILDU, EAJ-PNV y PSE) y 5 abstenciones (PP).
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